Cuando el prejuicio se sienta a comer

Escuchar a un profesional de la salud dictar sentencias cargadas de determinismo biológico en la mesa de un restaurante, frente a tres preadolescentes y una niña menor de siete años, deja una sensación de profundo desconcierto. Afirmar con ligereza que la testosterona convierte a todos los hombres en agresores potenciales de sus propios hijos, sobrinos o hijastros, y justificar con ello el confinamiento de la mujer en el hogar, no es solo un exabrupto clínico, sino un acto de irresponsabilidad pedagógica en un espacio donde la infancia está absorbiendo los códigos con los que interpretará el mundo.

Este tipo de comentarios obliga a detenerse y contrastar el mito con la ciencia. Desde la endocrinología y la criminología, la respuesta es categórica: la biología hormonal no excusa ni explica la agresión sexual . La testosterona es una hormona común que regula funciones vitales tanto en hombres como en mujeres; atribuirle conductas delictivas es un error científico que medicaliza y justifica de forma indebida actos que pertenecen a la esfera de la intencionalidad, el poder y la absoluta responsabilidad individual. La inmensa mayoría de los hombres con niveles normales o altos de esta hormona jamás cometen crímenes de esta naturaleza, pues la violencia sexual no nace del deseo biológico, sino de la dominación y la transgresión del consentimiento.

Cuando se profundiza en las estadísticas y en las dinámicas sociales, como ocurre trágicamente en contextos como el colombiano, se descubre que el peligro rara vez habita en el estereotipo del extraño en un callejón oscuro, sino en el calor del hogar. Los informes recurrentes de las autoridades forenses y de protección a la infancia señalan que la mayor parte de las agresiones contra menores ocurren dentro de las propias viviendas, perpetradas con frecuencia por figuras cercanas como padrastros, tíos o abuelos, a veces bajo la cómplice omisión de entornos familiares que prefieren llamar antes que enfrentar la verdad.

Este fenómeno hunde sus raíces en creencias profundamente arraigadas: el viejo fantasma del patriarcado y la patria potestad absoluta, donde el agresor asume que posee los cuerpos de los más vulnerables, y donde la ley del silencio, la nefasta máxima de que «la ropa sucia se lava en casa», prioriza la fachada del honor familiar por encima de la integridad de los niños. Es la mercantilización de los afectos llevados al extremo, donde las mujeres y los menores son despojados de su condición de sujetos autónomos con capacidad de decidir y consentir.

A esto se suma la falsa creencia de que el pasado traumático condena de manera ineludible al futuro. Si bien el historial de abuso no atendido es un factor de riesgo en el llamado «ciclo de la violencia», la ciencia confirma que la inmensa mayoría de las personas que sufren abusos en la infancia jamás repiten la conducta. El trauma genera profundas heridas emocionales, pero la decisión de infligir daño a un inocente es un acto de conducta humana consciente y deliberada, jamás una condena automática o biológica.

La discusión también debe sacudir las falsas coartadas de género. Es cierto que la gran mayoría de los abusos son cometidos por hombres, pero también lo es que en ocasiones estos actos se perpetúan bajo la contemplación, la negación o el encubrimiento de algunas mujeres que prefieren sostener el statu quo familiar. Ningún género está exento de la responsabilidad ética de proteger a la infancia, y culpar exclusivamente a la naturaleza masculina o confinar preventivamente a las mujeres no soluciona el problema de fondo, sino que perpetúa las mismas estructuras de subordinación.

La reflexión que me deja este episodio es urgente y nos incumbe a todos. No podemos seguir normalizando discursos que, bajo una falsa pátina de autoridad científica, trasladan la culpa a la biología o relegan a las mujeres a roles de subordinación en lugar de señalar la raíz del problema: la falta de empatía, el problema ético y la impunidad cultural.