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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra la senadora Isabel Cristina Zuleta López, del Pacto Histórico, y la citó a indagatoria por el presunto delito de abuso de función pública. La actuación está relacionada con un procedimiento realizado el 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota, en Bogotá.
La investigación busca establecer si la congresista se habría excedido en las funciones que tenía asignadas como coordinadora del Gobierno Nacional en el espacio de conversación sociojurídico con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. En particular, la Corte deberá determinar si su participación durante el procedimiento penitenciario se encontraba dentro de las competencias establecidas en las resoluciones mediante las cuales fue designada para esa labor.
Los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron cuando Zuleta ingresó a La Picota junto con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Durante el procedimiento fue encontrada un arma de fuego en la celda de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, señalado de pertenecer a la estructura criminal La Inmaculada. La información sobre el arma habría sido entregada por el propio Marín Silva y, según versiones conocidas sobre el caso, estaría relacionada con un posible atentado contra otro interno del penal.
La presencia de Zuleta en ese procedimiento generó cuestionamientos sobre el alcance de sus funciones como facilitadora de los diálogos urbanos impulsados por el Gobierno Nacional. La Corte Suprema abrió inicialmente una indagación preliminar por estos hechos y, durante junio de 2026, había citado a la congresista para que entregara su versión sobre lo ocurrido.
La senadora ha defendido su actuación y ha sostenido que su participación estuvo relacionada con las funciones políticas y de verificación que desempeñaba dentro de los procesos de diálogo, y que actuó siguiendo instrucciones del Gobierno. La nueva etapa del proceso permitirá que entregue formalmente su versión ante la Sala de Instrucción.
La apertura de una investigación formal y la citación a indagatoria no constituyen una condena ni determinan la responsabilidad penal de la congresista. Será la Corte Suprema la encargada de establecer, a partir de las pruebas y de las explicaciones de Zuleta, si existió o no una extralimitación de sus funciones y si hay mérito para continuar con el proceso.
El caso se suma a otras actuaciones preliminares que han sido relacionadas con la senadora y su participación en los diálogos con estructuras criminales. Sin embargo, cada investigación corresponde a hechos diferentes y deberá avanzar de manera independiente conforme a las decisiones de las autoridades judiciales.
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