Corte frena cobro del impuesto al patrimonio para universidades y empresas en liquidación

La Corte Constitucional tomó una decisión que le da un respiro a un sector específico de la economía. Aunque el polémico impuesto al patrimonio creado en la emergencia económica sigue vigente para la gran mayoría de las empresas, el alto tribunal decidió suspender el cobro de la segunda cuota para las entidades sin ánimo de lucro del régimen especial y aquellas compañías que hoy se encuentran en proceso de liquidación.

Esta medida, aprobada con una votación de 6 a 3, ordena que estas organizaciones no tendrán que pagar el dinero que se vencía el próximo 4 de mayo de 2026. La suspensión se mantendrá firme hasta que la Sala Plena de la Corte Constitucional estudie a fondo y profiera una decisión final sobre si el impuesto es legal o no frente a la Constitución. Los magistrados que se opusieron a esta pausa fueron Héctor Alfonso Carvajal, Juan Carlos Cortés y Vladimir Fernández.

El beneficio no es para todo el mundo. La Corte fue muy clara al especificar que la suspensión aplica únicamente para dos grupos muy delimitados: las entidades sin ánimo de lucro que pertenecen al régimen especial y las sociedades que están cerrando sus puertas y repartiendo sus activos para pagar deudas.

Mientras estas organizaciones celebran la pausa, el resto de las empresas con patrimonios líquidos superiores a $10.474 millones deberán cumplir con su cita ante la Dian la próxima semana.

La decisión de la Corte llega en un momento crítico para las cuentas del Gobierno Nacional. Según datos de la Dian, el dinero recogido en la primera cuota estuvo muy lejos de lo esperado. De los $8,3 billones que el Ministerio de Hacienda proyectó recoger con este gravamen, apenas se han recaudado $2,43 billones a corte del 14 de abril.

Esto significa que el Gobierno solo ha logrado juntar el 29% de su meta inicial, dejando un vacío financiero de $1,72 billones frente a lo que técnicamente debía entrar en el primer pago.

El por qué se ha recogido tan poca plata es la pregunta que ronda en los pasillos económicos. El análisis de expertos revela varias razones que explican este hueco en el presupuesto. Por un lado, muchas empresas y universidades realizaron planeaciones tributarias legales para reducir su exposición al impuesto.

Por otro lado, existe un temor generalizado a que el tributo sea declarado inconstitucional, lo que ha llevado a algunos contribuyentes a declarar pero no pagar de inmediato, prefiriendo asumir una tasa de interés moratoria a la espera de un fallo definitivo de la Corte.

Además, persisten dudas sobre si el Gobierno podía usar una emergencia económica por lluvias para crear un impuesto que el Congreso ya había rechazado. Con este ambiente de inseguridad jurídica, el fallo de la Corte a favor de las fundaciones y empresas en liquidación se convierte en una nueva grieta para un impuesto que, según el Consejo Gremial, está causando un daño irreversible a miles de empresas y puestos de trabajo en el país.