La Corte Constitucional tumbó este jueves tres resoluciones de la Superintendencia Nacional de Salud que ordenaban la intervención de la EPS Sanitas, tras considerar que se violó el derecho al debido proceso del grupo Keralty —propietario de la EPS— y de su representante legal, Juan Pablo Rueda Sánchez.
En la sentencia SU-277 de 2025, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés, la Corte amparó los derechos fundamentales de Keralty y sus empresas afiliadas, tras una tutela presentada contra la Supersalud. El alto tribunal dejó sin efecto la toma de posesión de la EPS Sanitas decretada el 2 de abril de 2024, así como su prórroga, y calificó de improcedente la actuación de la Superintendencia.
#Atento | Grupo Keralty se pronunció de forma oficial sobre la decisión de la Corte Constitucional de revocar la resolución que ordenó la intervención de la EPS Sanitas. «La justicia colombiana nos ha dado la razón después de quince largos meses de arbitrariedades, persecuciones… pic.twitter.com/EJJQfLesrD
— Diario La República (@larepublica_co) June 27, 2025
Tras el fallo, el grupo Keralty emitió un comunicado en el que califica la decisión de la Corte como «histórica», pero advierte que «lo que debiera ser un día de alegría por el restablecimiento de la justicia, para nosotros es un día de duelo».
La organización denunció que, durante los 15 meses que duró la intervención, fueron objeto de una «estrategia premeditada, arbitraria, malévola, deliberada y anunciada que el Estado Colombiano ejecutó».
Según Keralty, “esta victoria jurídica no borra el daño moral, institucional, financiero y humano que este Gobierno ha causado”, señalando afectaciones no solo a la organización, sino también a “millones de usuarios, pacientes, familias, médicos, clínicas y trabajadores de la salud”.
El abogado de Keralty, Juan David Riveros, aseguró que se confirma que el Gobierno Petro hizo en Sanitas una intervención “arbitraria, injusta e ilegal”. Advirtió que la situación de la EPS hoy es “calamitosa” pic.twitter.com/uGYhdybXrB
— Yesid Lancheros (@YesidLancheros) June 27, 2025
En el mismo documento, el grupo detalló las supuestas consecuencias de la intervención: “Primero nos asfixiaron financieramente, negándose a reconocer la desfinanciación estructural del sistema y el pago de deudas atrasadas. Nos persiguieron administrativamente… y después nos intervinieron para desbaratarnos desde dentro”.
En abril de 2024, la Superintendencia había justificado la medida alegando problemas financieros y de atención de Sanitas, que cuenta con más de 5,8 millones de afiliados. Al momento de la intervención, la EPS acumulaba deudas por más de 471 millones de dólares.
Keralty también reveló que, ante la falta de una «resolución amistosa», recurrió a instancias internacionales. En enero de este año, los accionistas presentaron una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), argumentando que la intervención vulnera el tratado bilateral de inversiones entre España y Colombia. Por ello, exigen al Estado colombiano una compensación de 1.200 millones de dólares.
Mientras tanto, el Gobierno continúa promoviendo una polémica reforma a la salud y ha intervenido otras EPS, sin que hasta el momento se evidencie una mejora en los indicadores financieros o en la atención a los usuarios. Asociaciones médicas han denunciado que, por el contrario, la situación ha empeorado.