Congresista Simón Molina propone bloques de búsqueda contra el tráfico de sustancias en colegios y escenarios deportivos

hace 1 día 11

El primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina, anunció que radicará un proyecto de ley para crear un bloque de búsqueda especializado contra las redes de tráfico de drogas que operan en colegios, parques y escenarios deportivos, con el propósito de perseguir no solo a quienes venden las sustancias, sino también a proveedores, distribuidores y financiadores.

La iniciativa plantea establecer perímetros de protección de hasta 300 metros alrededor de colegios, parques y escenarios deportivos, que podrían ampliarse hasta 500 metros cuando exista un riesgo especial sustentado técnicamente. La vigilancia se concentraría en los puntos y horarios de mayor amenaza, especialmente durante la entrada y salida de estudiantes.

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Hoy radiqué el proyecto de ley que crea el Bloque de Búsqueda Especializado contra el tráfico de drogas en colegios, parques y escenarios deportivos.

El proyecto fija un perímetro de protección reforzada de 300 metros alrededor de esos espacios (ampliable hasta 500 metros cuando… pic.twitter.com/E6sSavhErH

— Simón Molina ♻️ (@simonmolinag) November 11, 2026

“El Estado tiene que perseguir al criminal que sale a venderles droga a nuestros hijos. Vamos por el que vende, por el que la surte y por el que cobra”, afirmó Molina. El proyecto busca articular capacidades de patrullaje e investigación de la Policía, la dirección de la Fiscalía en las investigaciones penales y la coordinación de las alcaldías para atacar las redes completas y sus fuentes de financiación.

La propuesta también contempla recuperar parques y escenarios deportivos afectados por estas estructuras, acompañando los operativos con acciones como reparación de alumbrado, mantenimiento y actividades deportivas y culturales. Además, prevé medidas para proteger la identidad de denunciantes y activar rutas de atención para menores utilizados por organizaciones criminales.

Cada alcalde tendría un plazo de seis meses para identificar los puntos que requieren intervención y definir prioridades junto con la Policía. El proyecto también establece seguimiento posterior para evitar que los expendios reaparezcan o simplemente se trasladen, además de rendición de cuentas sobre puntos desmantelados, capturas y menores protegidos.

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