Colombia supera una semana trascendental para su justicia transicional

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha atravesado una semana decisiva. El tribunal de justicia transicional, creado en el Acuerdo de Paz de 2016 para juzgar los crímenes cometido en el conflicto, carga desde su creación con la desconfianza de la derecha y con el reto de convencer a una sociedad que rara vez imagina la justicia más allá de la cárcel o la venganza. En un ambiente dividido y con expectativas difusas, dictó el martes su primera sentencia de fondo, en la que sancionó a la antigua cúpula de las FARC por el secuestro de más de 21.000 personas. Dos días después, sancionó a 12 exmilitares que reconocieron su participación en los asesinatos de civiles conocidos como falsos positivos, un delito que simboliza la degradación de la guerra, en la Costa Caribe. En apenas 48 horas, la jurisdicción mostró la dimensión de su mandato: emitir sentencias contra los responsables de alto nivel, tanto de la guerrilla como de la Fuerza Pública, de los delitos más graves, y empezar a fijar las llamadas sanciones propias, diferentes a las usuales y con un objetivo de restauración y reparación, que establece el Acuerdo para quienes acepten sus responsabilidades y aporten a la verdad.

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