Colombia, el Regreso a las Sombras
Resumen: La "Paz Total" de Petro enfrenta críticas por el aumento de secuestros, masacres y extorsiones. Analizamos el retroceso de seguridad y la estrategia del gobierno.
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Una nación no puede permitirse el lujo de usar el retrovisor como mapa, pero la Colombia de hoy parece empeñada en conducir hacia el pasado. La promesa de una “Paz Total”, el ambicioso estandarte del gobierno de Gustavo Petro, se desvanece ante una realidad tozuda y sangrienta que evoca las páginas más oscuras de nuestra historia, aquellas que creíamos haber empezado a superar hace casi tres décadas.
La sensación de déjà vu no es una hipérbole; es una vivencia diaria para millones de colombianos que ven cómo el Estado cede terreno y la violencia reclama sus fueros. Los datos, más allá de cualquier filiación política, son la evidencia de este retroceso alarmante.
La política de “Paz Total”, que propuso un diálogo simultáneo con una amalgama de grupos armados de distinta naturaleza —desde guerrillas con un supuesto ideario político como el ELN hasta organizaciones narcotraficantes como el Clan del Golfo— ha resultado ser un pacto con la anarquía. Los ceses al fuego, concebidos como gestos de buena voluntad, han sido interpretados por los criminales como una patente de corso para fortalecerse, reagruparse y expandir su control territorial y sus economías ilícitas.
Las cifras del Ministerio de Defensa y de observatorios independientes como INDEPAZ y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) pintan un cuadro desolador. El secuestro, ese flagelo que marcó a una generación en los años 90, ha resurgido con una fuerza aterradora. Según cifras del propio Ministerio de Defensa, en 2023 se registró un aumento de más del 70% en este delito en comparación con el año anterior. El caso de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, secuestrado por el ELN en medio de supuestas negociaciones de paz, fue la dolorosa vitrina mundial de esta tragedia normalizada.
Las masacres, un término que Colombia anhelaba archivar, siguen siendo un titular recurrente. El observatorio INDEPAZ reportó 94 masacres en 2023, y la tendencia en 2024 no ofrece consuelo. Estas matanzas ya no se confinan a zonas rurales remotas; la violencia se ha recrudecido en regiones del Cauca, Nariño, Putumayo y Arauca, donde la población civil vive atrapada entre el fuego cruzado y la extorsión sistemática.
Hablando de extorsión, este delito se ha convertido en una epidemia que asfixia al ciudadano común y al pequeño comerciante. Gremios como FENALCO han lanzado alertas desesperadas: el aumento de la extorsión supera el 40% en varias regiones del país. Es la manifestación más clara del desgobierno: donde el Estado no provee seguridad, los criminales imponen su propia ley y su propio impuesto.
El problema fundamental de la “Paz Total” es su diagnóstico equivocado. Al poner en un mismo plano a todas las organizaciones criminales y debilitar la ofensiva de la Fuerza Pública bajo la premisa del diálogo, el gobierno ha creado un vacío de poder catastrófico. Los grupos armados no han detenido su expansión. Al contrario, han aprovechado la parálisis operacional del Ejército y la Policía, cuyos miembros denuncian, en privado y a veces en público, sentirse maniatados, para ejercer un control social y territorial que no se veía desde los tiempos más aciagos del conflicto.
Hace 30 años, Colombia luchaba por no ser un Estado fallido. Se combatía con ferocidad al narcoterrorismo, a las guerrillas en su apogeo y al paramilitarismo rampante. Costó sangre, sacrificios y un enorme esfuerzo institucional empezar a recuperar la seguridad, la inversión y la esperanza. Hoy, la política de seguridad parece guiada por una peligrosa “ingenuidad” que confunde la voluntad de paz con la rendición del monopolio de la fuerza.
No se trata de estar en contra de la paz como anhelo supremo. Se trata de estar a favor de la paz real, aquella que se construye sobre la base de un Estado fuerte que protege a sus ciudadanos, y no de una “paz” que se negocia de rodillas mientras los violentos imponen sus condiciones.
El gobierno del presidente Petro debe abandonar la soberbia ideológica y escuchar el clamor de un país que siente cómo se apaga la luz. La seguridad de los colombianos no es una moneda de cambio en una mesa de negociación. Es el pilar fundamental sobre el que se debe construir cualquier proyecto de nación. De lo contrario, este viaje al pasado no tendrá tiquete de regreso.