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Para el primer semestre de 2026 se tiene proyectado el traslado de otros 80 privados de la libertad bajo esta misma modalidad.
La Gobernación de Antioquia —a través de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz— y el INPEC hicieron efectivo el traslado de 100 personas privadas de la libertad hacia establecimientos carcelarios del departamento.
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El objetivo primordial de esta medida no es solo logístico, sino de seguridad ciudadana. Al trasladar a los detenidos que permanecían en estaciones de Policía y unidades militares, las autoridades logran liberar pie de fuerza. Esto significa que los uniformados que antes estaban dedicados exclusivamente a la custodia de internos en celdas temporales, ahora podrán retornar a las calles para labores de vigilancia y patrullaje.
Además, este convenio da cumplimiento a la Sentencia SU-122 de 2022 de la Corte Constitucional, que exige garantizar condiciones dignas y el respeto al debido proceso para la población reclusa en el país.
El operativo de reubicación se distribuyó estratégicamente para impactar diversas zonas de la región, logrando el traslado de 60 internos que permanecían en estaciones del Departamento de Policía Antioquia, a los que se sumaron 37 procesados del Departamento de Policía Urabá y 3 más que se encontraban bajo custodia en la Brigada XVII del Ejército Nacional. Esta movilización conjunta permitió que un total de 100 privados de la libertad abandonaran los centros de detención transitoria para ser integrados formalmente al sistema penitenciario nacional.
Proyección para 2026
La Gobernación confirmó que esta es solo la primera fase de un plan de choque continuo. Según el cronograma establecido en el convenio, para el primer semestre de 2026 se tiene proyectado el traslado de otros 80 privados de la libertad bajo esta misma modalidad.
Con esta estrategia, Antioquia busca aliviar la presión sobre los Centros de Detención Transitoria (CDT), instalaciones que, por naturaleza, no cuentan con la infraestructura necesaria para albergues de larga duración.
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