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Desde el 14 de mayo de este año y durante más de 70 días, el celular del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue interceptado por la Fiscalía General de la Nación.
Las chuzadas también se hicieron contra varios integrantes del gabinete departamental, exfuncionarios de la Alcaldía de Rionegro cuando Rendón fue alcalde entre 2016 y 2019, y excontratistas.
Entre esas personas están Carlos Andrés Gómez, Hugo Alberto Parra, Carlos Andrés Moreno, Hernán Darío Álvarez, Carlos Enrique Lopera, María Teresa Vélez, Duverney Pérez, Guillermo Antonio Castro y Martha Patricia Correa, esta última actual secretaria general de la Gobernación de Antioquia.
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Las chuzadas están relacionadas con el proceso judicial que afronta el gobernador por la construcción de los CAI de la Policía en Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira, en Rionegro, construidos cuando Rendón fue alcalde.
El mandatario departamental rechazó estas chuzadas, que habrían sido ordenadas por la actual fiscal general Luz Adriana Camargo, y dijo que se trata de una persecución con fines políticos, debido a su posición en contra del presidente Gustavo Petro.
“¿Cuál es el objetivo de espiar mis comunicaciones, de atentar contra mi intimidad? ¿Por qué la fiscal general Camargo, en rueda de prensa en Medellín, aseguró que tengo una imputación en mi contra cuando esta no ha tomado lugar? ¿Está hablando con el deseo, señora Fiscal? ¿El plan ya está listo, pero les falta consumarlo? ¿Es acaso cierto que usted dio la orden de darle mucha celeridad a mi proceso? Un caso que han construido para sacarme del camino e instrumentalizar a la justicia a fin de permitirle a Petro usurpar mi cargo y poner gobernador de bolsillo de cara al 2026”, dijo Rendón.
¡Atención! El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó las interceptaciones que está haciendo la Fiscalía General de la Nación en su contra. La línea privada del mandatario estaría “chuzada” hace más de 70 días. pic.twitter.com/XUpBCC64Q8
— MiOriente (@MiOriente) August 21, 2025Cronología de los hechos
La investigación está relacionada con los dos CAI de la Policía construidos por Rendón mientras era alcalde de Rionegro. Estos CAI costaron 1 270 millones de pesos, y las obras estuvieron a cargo de dos empresas subcontratadas por la Empresa de Desarrollo Sostenible de Rionegro, Edeso.
La denuncia en contra del gobernador fue hecha por la Veeduría Ciudadana Identidad y Defensa de lo Público (VID), argumentando que se cambió el uso del suelo y que los CAI no quedaron operativos.
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Sin embargo, ha sido evidente que las obras se entregaron a satisfacción, es decir, las obras de ambos CAI se culminaron y fueron entregadas a la comunidad. Además, la no presencia permanente de uniformados en estos Centros de Atención Inmediata obedece a decisiones de la Policía Nacional debido al poco pie de fuerza que hay en el municipio y en el departamento.
Aunque la entrega de esos CAI se hizo hace más de seis años, el proceso judicial avanzó el 19 de septiembre de 2023, es decir, en plena campaña de las elecciones regionales en que Rendón resultó ganador de la Gobernación.
Para ese 19 de septiembre, es decir, a un mes y 10 días de las elecciones regionales, la Fiscalía pidió programar una audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de Rendón, quien competía con Luis Pérez en las encuestas.
Finalmente, esa audiencia fue aplazada y el proceso casi no volvió a avanzar. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía General de la Nación.
Aunque el proceso sigue en etapa de indagación, es decir, aún no hay una imputación formal en contra del gobernador, el pasado 24 de junio de este año la fiscal Camargo estuvo en Medellín en rueda de prensa. Ese día, ante la pregunta de un periodista sobre el caso, Camargo se refirió a Rendón como “imputado”.
“En cuanto al gobernador de Antioquia, el gobernador tiene fuero, ese fuero es de fiscal general. Es una investigación que yo adelanto por delegación a través de los fiscales ante la Corte. Efectivamente, es una investigación que adelanta una fiscal ante la corte por delegación mía, en la cual ya se formuló imputación... Y pues no es persecución, es parte de la actividad que desarrollamos ordinariamente”, dijo la fiscal.
Antioqueños: he recusado a la Fiscal General de la Nación @FiscaliaCol
Siguen a rajatabla el libreto de Venezuela: perseguir y encarcelar opositores.
¡No hay tal imputación al día hoy, no existe en mi contra!
Mi libertad está bajo amenaza: el 24 de junio de este año, después… pic.twitter.com/BSTySpa5Wx
Un dato no menor, es que esas declaraciones de la fiscal fueron dos días después del “tarimazo” que hizo el presidente Gustavo Petro con los cabecillas de bandas criminales en La Alpujarra, en Medellín, situación que fue denunciada por el gobernador Rendón y que abrió un amplio debate nacional. En ese momento, el celular del gobernador Rendón ya llevaba más de un mes chuzado, pero el país aún no sabía.
Un mes después, el 23 de julio de este año hubo una audiencia en el proceso contra el gobernador, en la cual la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Diana Yolima Niño Avendaño, confirmó las interceptaciones y le pidió a la corte legalizarlas.
Sin embargo, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Marcela Márquez Rodríguez, no autorizó la legalización y calificó las chuzadas como “desproporcionadas”.
Esta decisión fue impugnada por la Fiscalía y la decisión pasó a manos de una sala integrada por los magistrados Yaneth Liliana Martínez, Alexandra Ossa Sánchez y Manuel Antonio Merchán Gutiérrez. Este último se declaró impedido señalando ser un amigo cercano de la fiscal Niño Avendaño, la misma que ordenó las interceptaciones.
Así las cosas, la impugnación quedó en manos de los otros dos magistrados, quienes finalmente avalaron las interceptaciones, pese a la negativa de la primera magistrada que estudió el caso.
Ahora que el país conoce este nuevo episodio de chuzadas, el gobernador Rendón dijo que se trata de una estrategia similar a la del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: darle impunidad a los criminales y encarcelar a los opositores.
“¡Tanto beneplácito, complicidad y garantías con prófugos como el señor Carlos Ramón González en el caso de la UNGRD, donde están perdidos miles de millones de pesos, cercano al presidente Petro, exguerrillero del M19, y hoy protegido de la dictadura de Ortega en Nicaragua, gracias a la gestión de la Cancillería del Gobierno Nacional! Que la ideología no sesgue a la justicia, que el poder arrasador y destructor del Gobierno nacional actual no nos robe las instituciones, ni el actuar conforme con la ley. (...) El libreto de Venezuela para Colombia es el mismo que nos aplican hoy: impunidad al Gobierno Petro y cárcel a los opositores”, dijo Rendón.
Finalmente, hay que señalar que en un solo mes la Fiscalía ha realizado casi 30 actividades investigativas en el proceso contra Rendón. Según su defensa, en un proceso común solo hay una actividad por año, por lo que argumentan que esto demostraría la persecución que rodea el caso.
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