Cárcel para dos hombres implicados en el secuestro de un comerciante en Medellín

Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Maicol Alexis Castrillón Agudelo y Santiago de Jesús Gallo Zuluaga. La Fiscalía General de la Nación los señala como los presuntos responsables de mantener retenido contra su voluntad a un comerciante que estuvo privado de la libertad durante siete días en la capital de Antioquia.

Un viaje que terminó en trampa

La historia comenzó el pasado 23 de junio, cuando la víctima viajó desde Cali con la idea de cerrar un negocio de compraventa de tierras para la explotación minera en el sur de Bolívar. Al llegar al punto de encuentro, un grupo de hombres lo interceptó y lo trasladó en un vehículo de servicio público hacia el barrio La Iguaná.

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Allí, bajo constantes amenazas con armas de fuego, los captores le quitaron sus pertenencias, evaluadas en 15 millones de pesos, y lo encerraron en una habitación. El supuesto negocio minero resultó ser un señuelo para privarlo de la libertad.

El rescate y las exigencias económicas

Con el paso de los días, la angustia pasó a los familiares, quienes empezaron a recibir llamadas telefónicas donde les exigían el pago de 800 millones de pesos para volver a ver a su allegado con vida.

Ante la situación, el Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía unieron esfuerzos en una investigación que permitió rastrear la ubicación exacta de la vivienda. El operativo concluyó con la liberación del comerciante y la captura en flagrancia de los dos hombres que se encontraban en el lugar.

Las pruebas y los cargos judiciales

Durante la inspección del inmueble, los investigadores incautaron los siguientes elementos de prueba:

• Un arma de fuego.
• Un supresor de sonido o silenciador.
• Un proveedor con 12 cartuchos calibre 9 mm.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos los delitos de «secuestro extorsivo», «hurto calificado» y «fabricación, tráfico, porte de armas, de uso privativo de las Fuerzas Armadas». Ninguno de los procesados aceptó los cargos judiciales.