¿Cárcel o libertad para Juan D. Palacio? Juez decide hoy la suerte del exdirector del Área Metropolitana

En manos del juez 27 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías está la suerte del exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Jan David Palacio, quien esta tarde podría decidir la solicitud de medida intramural que hizo la Fiscalía la semana pasada.

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Palacio fue imputado la semana pasada por los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos junto con Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, dos ex subalternas suyas, en una audiencia donde también le fueron formulados cargos por falsedad en documento privado a Juan Alberto Cardona Henao, quien se ha desempeñado como tesorero y contador del cuerpo de bomberos de Itagüí.

El caso por el que estas cuatro personas están dando explicaciones por estos días, tiene que ver con seis contratos entre el AMVA y los bomberos de Itagüí por un monto cercano a los $18.000 millones, en los cuales se habría presentado presuntas irregularidades que habrían llevado a que particulares se apropiaran de $2.481 millones, según la Fiscalía.

Para ello se habrían valido de maniobras como direccionamiento de contratos que debieron hacerse mediante licitación pero se formalizaron mediante contratación directa, pero también habría habido sobrecostos en productos y servicios, lo mismo que la falsificación de 15 facturas y recibos de pago.

Dentro de este mismo proceso ya fueron judicializados previamente el exgerente y el exjefe de la organización de socorro Misael Cadavid y Elkin González, lo mismo que la funcionaria del Área, María Yaneth Rúa, quien fungía como la supervisora de los mencionados contratos.

En la audiencia del martes pasado, el fiscal pidió la medida de aseguramiento contra Palacio consistente en detención en un centro de reclusión por considerar que hay bastante acervo probatorio sobre su participación en conductas ilícitas.

Pero además porque, en su concepto, representa riesgo para el curso de la investigación. Citó el antecedente de que antes de culminar su periodo en el Área, a finales de 2023, este nombró a 35 personas en cargos dentro de la entidad, las cuales permanecen allí y le podrían brindar información. Fuera de eso, también por los mismos días, dio la orden de formatear computadores que habrían tenido información clave: el suyo, el de su asistente y el de la Secretaria General del Área.

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Mientras tanto, para Roldán y Montoya, el representante del organismo acusador pidió medidas de aseguramiento menos severas, consistentes en la obligatoriedad de permanecer en el país y presentarse periódicamente ante una autoridad.

Luego de que el fiscal presentó estos argumentos, el turno en la diligencia de este lunes, 2 de marzo es para el representante de las víctimas, quien dijo que reforzaría los argumentos y pruebas presentadas por el fiscal 40 anticorrupción que lleva este caso. Igualmente, se espera la contra argumentación de los abogados de la defensa.

2:38 p.m. Comienza e la diligencia con la presentación de todas las partes intervinientes.