hace 13 horas
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Las comunidades campesinas del núcleo zonal de Arenas Blancas, en el municipio de Amalfi, Nordeste antioqueño, rechazaron públicamente el bombardeo realizado el pasado 10 de julio en la vereda La Areiza y exigieron al Estado colombiano que no se vuelvan a realizar operaciones militares aéreas en territorios donde habita población civil. Además, anunciaron que solicitarán medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a las comunidades rurales ante el riesgo de nuevas acciones militares.
El pronunciamiento fue suscrito por representantes de las veredas San Miguel, La Areiza, El Tigrillo, La Picardía, Pavas, Crucero, Castillo y Arenas Blancas, quienes señalaron que el bombardeo dejó dos personas muertas y ocasionó afectaciones a bienes de la población campesina.
En el comunicado, las comunidades manifestaron que, independientemente de las investigaciones que adelanten las autoridades sobre la legalidad y las circunstancias de la operación, su principal exigencia es que no se repitan bombardeos en zonas habitadas por civiles.
«Las comunidades campesinas no podemos seguir siendo expuestas a bombardeos ni operaciones militares que pongan en riesgo nuestras vidas, nuestras familias, nuestros bienes y nuestro derecho a permanecer en el territorio», expresaron.
Los líderes comunitarios recordaron que niños, niñas, mujeres, personas mayores y trabajadores del campo hacen parte de la población civil protegida por la Constitución, el Derecho Internacional Humanitario y los tratados internacionales de derechos humanos.
Entre las solicitudes dirigidas al Estado colombiano, las comunidades pidieron:
Una investigación independiente, imparcial y transparente sobre los hechos ocurridos en la vereda La Areiza.
La protección efectiva de las comunidades del núcleo zonal de Arenas Blancas.
La reparación integral de los daños ocasionados a las personas y bienes afectados.
Garantías de no repetición para evitar que futuras operaciones militares vuelvan a poner en riesgo a la población civil.
Asimismo, informaron que su representación jurídica iniciará las actuaciones necesarias para solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de que el Estado adopte medidas urgentes de protección para los habitantes de estas veredas.
En el documento, las comunidades también expresaron preocupación por las garantías de seguridad para los habitantes de los territorios rurales frente a futuras operaciones militares. «No estamos discutiendo una estrategia militar. Estamos defendiendo un principio fundamental del Derecho Internacional Humanitario: la población civil nunca debe convertirse en el escenario ni en la víctima de las hostilidades», señalaron.
Los voceros insistieron en que su pronunciamiento no constituye un respaldo a ningún grupo armado, sino una defensa de la población civil. «No defendemos a ningún actor armado. Defendemos la vida, la dignidad humana, el derecho a vivir en paz y el respeto por la población civil», indicaron.
Contexto del operativo militar
El pronunciamiento se produjo dos semanas después del bombardeo efectuado el 10 de julio por el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en zona rural de Amalfi.
De acuerdo con la información oficial entregada por las Fuerzas Militares, la operación estuvo dirigida contra la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo y dejó como resultado la muerte de dos presuntos integrantes de esa organización armada ilegal.
Posteriormente, habitantes de la zona y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron presuntas afectaciones a viviendas, animales y otros bienes de campesinos, por lo que solicitaron investigaciones para establecer las posibles consecuencias de la operación sobre la población civil.
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