Bajo la lupa de la Procuraduría: exalcalde de Apartadó y ocho funcionarios más son investigados por un presunto desvío millonario

El órgano de control rastrea el desvío de 3.354 millones de pesos que salieron de las cuentas del municipio de Apartadó hacia terceros

La Procuraduría General de la Nación inició un proceso disciplinario formal contra Héctor Rangel Palacio Rodríguez, quien fuera alcalde del municipio de Apartadó, Antioquia, junto a otros ocho integrantes de su gabinete administrativo. La investigación se centró en el manejo de aproximadamente 3.354 millones de pesos de las arcas municipales, recursos que habrían sido gestionados con graves irregularidades entre los años 2024 y 2025. El Ministerio Público detectó que se realizaron múltiples movimientos electrónicos de dinero desde las cuentas de la alcaldía hacia terceros, sin que existiera un sustento legal, contractual o contable que justificara tales salidas de capital.

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El rastreo financiero realizado por el ente de control reveló una serie de inconsistencias alarmantes, tales como conciliaciones bancarias que nunca se terminaron, pagos que se efectuaron por duplicado y giros de dinero a cuentas bancarias que ni siquiera figuraban en los registros oficiales. Estas operaciones evidenciaron un desfase significativo entre lo que la administración reportaba en la plataforma de contratación estatal Secop II y los pagos que efectivamente se ejecutaban. Según la investigación, los recursos salieron sin órdenes de gasto ni resoluciones que respaldaran las transacciones, dejando un vacío documental sobre el destino final del dinero público.

Además del exmandatario, la lista de investigados incluyó a figuras clave como los antiguos secretarios de Gobierno, Hacienda y Servicios Administrativos, así como al Tesorero municipal y responsables de las áreas jurídica y contable. El objetivo de la Procuraduría con esta apertura de investigación fue esclarecer si estos hechos constituyeron faltas disciplinarias graves o si existió alguna justificación para el manejo de los fondos. Por ahora, el órgano de control buscó determinar la responsabilidad individual de cada implicado en lo que parece ser una gestión financiera sin control presupuestal durante casi un año.

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