Así se perdió la plata del Inder en la alcaldía Quintero

Para la primera semana de noviembre está programada la audiencia de acusación en la que la Fiscalía presentará las pruebas que tiene en contra de dos exfuncionarios de la alcaldía de Medellín y un contratista amigo por los presuntos delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado de más de $3.700 millones.

EL COLOMBIANO tuvo acceso al escrito de acusación que ya tiene listo la Fiscalía que asegura que tiene todo soportado en pruebas como testimonios, interceptaciones y testigos.

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Este es uno de los pocos casos entre las múltiples denuncias de presunta corrupción que recaen sobre la administración de Daniel Quintero que parece avanzar en la justicia, y se trata de un millonario contrato interadministrativo que celebraron en 2020 el Inder y Metroparques para la “gerencia, coordinación y ejecución de recursos para el desarrollo de eventos recreativos, deportivos y de actividad física (...) así como los proyectos priorizados del Programa de Planeación Local y Presupuesto participativo del Inder”, por un valor inicial de $21.826 millones.

Entre otras cosas, el contrato incluía la celebración de 72 festivales deportivos, 593 eventos recreativos, 16 justas deportivas distribuidas en 257 torneos, 80 torneos barriales, 252 grupos de cuadras recreativas y 421 puntos activos. Es decir que, en un hecho inédito, la entonces directora del Inder, Diana Paola Toro Zuleta, contrató a Metroparques, en ese entonces a cargo de Jorge Enrique Liévano Ospina, para que hiciera precisamente lo que se supone debe hacer el Inder.

Por su parte, Metroparques, que por supuesto no tenía la experiencia ni el personal ni la capacidad para cumplir el contrato (la plata sí la tenía), contrató a su vez, por medio de una invitación privada, a Cyan Eventos y Logísticas S.A.S, uno de los contratistas preferidos de la administración Quintero, quien a su vez tuvo que subcontratar a otros para que hicieran el contrato y así, como en unas muñecas rusas, iban apareciendo intermediarios que cobraban su cuota de administración.

Como resultado, el contrato que inicialmente fue firmado para un periodo de dos meses y medio terminó durando 26 meses y medio y costando casi $3.000 millones más de lo planeado. El representante legal de Cyan es Mauricio Jaramillo Botero quien, entre otras cosas, está detrás de la polémica carpa que la pasada administración entregó en el aeroparque Juan Pablo II por un precio irrisorio. Liévano como exdirector de Metroparques, Maria Eugenia Domínguez Castañeda, como exjefe de compras y exgerente de Metroparques, y Jaramillo Botero, como representante legal de Cyan, deberán responderle a la justicia por el presunto desfalco de los recursos públicos de Medellín.

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Por este delito solamente debe responder Jorge Enrique Liévano, el exgerente de Metroparques. Dice la Fiscalía que en el convenio interadministrativo con el Inder no hicieron ni siquiera un análisis para conocer cómo funciona la logística de eventos deportivos ni se justificó el valor del contrato ni la forma en que se calcularon los precios unitarios de los productos y servicios que se requerían. Dice el ente investigador que como consecuencia de esa mala planeación fue que al contrato se le hicieron siete modificaciones entre prórrogas y adiciones presupuestales.

“Liévano Ospina sabía que estaba celebrando un contrato sin el cumplimiento de estos requisitos esenciales, pues asumió la administración de los recursos entregados por el Inder Medellín sin cotejar, validar e incluso elaborar un estudio de mercado propio que le permitiera adquirir bienes y servicios ajustados a precios de mercado”, se lee en el escrito de acusación que se presentará en la próxima audiencia.

Además, la Fiscalía cuestiona que el Inder haya contratado a Metroparques directamente y señala que esto fue simplemente una maniobra legal para eludir procesos de contratación más exigentes y transparentes. De resultar juzgado por este delito, Liévano se enfrentaría a una pena de prisión de entre 5 y 18 años, una multa de entre 66,66 y 300 salarios mínimos mensuales y la inhabilitación para ejercer cargos públicos entre 6 y 18 años.

Liévano y Domínguez Castañeda (exgerente de compras y exdirectora de Metroparques) deberán explicar por qué a la hora de escoger a una empresa para ejecutar el contrato, este por $19.850 millones, lo hicieron a través de una invitación privada y por qué, según la Fiscalía, quisieron favorecer a Cyan. “Es posible afirmar con probabilidad de verdad que existió un interés en favorecer a la empresa Cyan Eventos y Logística S.A.S, que puede calificarse como indebido, en razón al claro desconocimiento del principio de economía que rige la función administrativa”, se lee en el escrito de acusación al que accedió EL COLOMBIANO.

En este punto es importante aclarar que, además de Cyan, Metroparques invitó a participar a otras dos empresas: Iluminación Jaime Dussan S.A.S y M.A Agencia BTL S.A.S. La primera es propiedad de los hermanos Jaime y Carlos Fernando Dussan quienes también fueron cercanos y mimados en la administración de Quintero y a su vez han sido socios y amigos de Mauricio Jaramillo, el representante legal de Cyan.

La Fiscalía asegura que de acuerdo con el manual de contratación de Metroparques, era una invitación pública y no una privada la que garantizaba mayor participación y una mejor oferta de precios y calidad que impidiera los sobrecostos. Además, señala el ente que, con las condiciones de la invitación se buscó favorecer al que terminó ganando, pues les exigió a los oferentes acreditar una experiencia mínima del 30% del valor de la contratación en proyectos similares ejecutados durante los últimos cinco años. Esa limitación de la experiencia en el tiempo, que es inusual, solo buscaba evitar la pluralidad de los oferentes.

Sin embargo, lo más llamativo en este punto es que a pesar de la complejidad del contrato —recordemos: 72 festivales deportivos, 593 eventos recreativos, 16 justas deportivas distribuidas en 257 torneos, 80 torneos barriales, 252 grupos de cuadras recreativas, 421 puntos activos— Metroparques solo dio un día hábil para presentar la oferta. Como era de esperarse, en ese lapso ninguno de los proveedores presentó propuestas económicas claras ni bien justificadas, y además, Jaime Dussan y la Agencia BTL presentaron sus ofertas extemporáneamente, cuando ya había pasado la hora límite. ¿Con cuánto calificaron Liévano y Domínguez la propuesta de Cyan? Con 100 de 100 puntos posibles.

Aunque para ojos de los dirigentes de Metroparques la empresa de Jaramillo parecía perfecta (durante 2020 Metroparques le entregó a Cyan 14 contratos, todos por invitaciones privadas), el resultado de esa contratación no fue otra cosa que tirar plata pública a la basura: Cyan tuvo a su vez que subcontratar a otros proveedores, aumentando los costos del proyecto, la empresa entregó bienes, como balones, que no cumplían con los requerimientos del Inder (aún así Metroparques los recibió a satisfacción), se aumentó el tiempo de entrega del proyecto y hubo sobrecostos significativos.

“En conclusión, el interés de los señores Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez en calidad de servidores públicos, estaba dirigido a brindar un beneficio a la sociedad Cyan Eventos y Logística S.A.S.”, remata la Fiscalía. ¿Por qué? ¿Qué favor le debía la administración de Quintero a Cyan? Son preguntas que en este punto siguen sin resolverse.

Si son juzgados por este delito, Liévano y Domínguez tendrían una pena de entre 5 y 18 años de prisión, una multa de entre 66,66 y 300 salarios mínimos mensuales y la inhabilitación para ejercer cargos públicos entre 6 y 18 años.

Este es quizás el más grave de los delitos, pues tanto Jaramillo Botero como Liévano y Domínguez son señalados por el ente acusador de apropiarse recursos del presupuesto participativo y local de Medellín. La Fiscalía señala que en la adquisición de bienes por parte de Metroparques como uniformes, balones, implementos deportivos y medallas hubo un sobrecosto de $3.705 millones, de los que se habrían apropiado Liévano y Domínguez para favorecer a Cyan. Jaramillo Botero habría inflado los precios y Liévano y Domínguez le pagaron lo que pedía sin chistar.

Como el monto de lo apropiado supera los 200 salarios mínimos mensuales, los acusados pueden enfrentarse a una pena de entre 10 años y 8 meses hasta 45 años de prisión, además de una multa de hasta $4.940 millones, que corresponde al valor de lo que se habrían apropiado aumentado en una tercera parte.