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Antioquia atraviesa una de las etapas más críticas del año en materia de orden público y desplazamiento forzado. Según la Gobernación del departamento, ya son 15 los desplazamientos masivos registrados en 2025, con cinco municipios, Anorí, El Bagre, Valdivia, Tarazá y Briceño, enfrentando actualmente emergencias humanitarias activas por cuenta de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.
El caso más grave se vive en Briceño, donde más de 2.150 personas de 23 veredas tuvieron que abandonar sus hogares ante la intensificación de los combates. En municipios como Anorí el número de desplazados asciende a 322, en Tarazá a 138, en El Bagre a 83, y en Valdivia a 65, de acuerdo con reportes recientes de las autoridades.
El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante encargado del Departamento de Policía de Antioquia, confirmó que “en los municipios de Briceño, Valdivia y Anorí continúa el escenario de desplazamiento de cerca de 2.410 personas desde la zona rural hacia las áreas urbanas”. Según el oficial, en Briceño se han censado 2.156 personas desplazadas, mientras que en Valdivia 65 personas permanecen refugiadas en el coliseo del corregimiento de Puerto Valdivia, y en Anorí 322 personas provienen de las veredas Tenche y Los Trozos.
La situación llevó a que la Defensoría del Pueblo solicitara la intervención urgente del Gobierno Nacional, recordando que desde 2019 ha advertido sobre los riesgos de confinamientos, desplazamientos forzados, atentados y homicidios en estas zonas rurales. La entidad pidió la participación del Ministerio del Interior, Prosperidad Social, la Unidad de Restitución de Tierras y el Ministerio de la Igualdad en un comité de seguimiento a la crisis, especialmente en las veredas Doradas Altas y Tahamí, del municipio de Tarazá, donde el panorama es crítico.
La Gobernación informó que octubre ha sido el mes con más desplazamientos en 2025, en medio de una escalada violenta que ha afectado gravemente al nordeste y Bajo Cauca antioqueño. Solo en 2024, el confinamiento en el departamento aumentó un 488 %, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Ante esta emergencia, municipios como Briceño adoptaron medidas restrictivas como un toque de queda indefinidoentre las 9:30 p. m. y las 5:30 a. m. para proteger la vida de sus habitantes. Además, la Gobernación desplegó equipos interdisciplinarios en la zona: 10 profesionales de salud brindan atención psicosocial, mientras que las secretarías de Seguridad, Salud, Educación e Inclusión Social trabajan en conjunto para asistir a las familias desplazadas.
“Estamos brindando atención humanitaria de emergencia y articulando con la Fuerza Pública para garantizar condiciones de seguridad que permitan el retorno de las familias cuando así lo decidan”, señaló María Patricia Giraldo Ramírez, subsecretaria de Derechos Humanos y Paz.
En materia educativa, la Secretaría de Educación de Antioquia trasladó temporalmente a 306 estudiantes de las zonas rurales más afectadas, quienes actualmente reciben clases en la Institución Educativa Antonio Roldán Betancur, donde también se les garantiza alimentación a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La violencia también cobró la vida de John Jairo Aréiza, conocido como “Jalito”, un reconocido líder comunal y campesino de la vereda La Molina. Aréiza, quien hacía parte del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), fue hallado muerto el pasado miércoles 22 de octubre con varios impactos de bala entre las veredas La Calera y Cucurucho.
Según Indepaz, Aréiza había sido desplazado días antes por los enfrentamientos, pero regresó a su hogar para atender su ganado. Su asesinato se produce en medio de la actual emergencia humanitaria que afecta al municipio.
La Personería Municipal de Briceño exigió una respuesta inmediata del Gobierno Nacional y recordó que “más de 1.000 familias y 2.000 personas hoy sufren el dolor del desplazamiento forzado”. La entidad también pidió medidas que garanticen “la atención humanitaria inmediata, el retorno seguro y la protección integral de las comunidades”.
Por su parte, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES) rechazó el crimen y alertó que “ocurre en medio de una crisis humanitaria que azota a la región por enfrentamientos entre grupos armados ilegales”.
Con el asesinato de Aréiza, Indepaz reporta 159 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en lo que va de 2025, un indicador que vuelve a encender las alarmas sobre la persistente violencia que afecta al departamento.
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