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Ecuador incrementa los aranceles a productos colombianos en un 50 %, afectando las relaciones comerciales de ambos paises
Ecuador dio un nuevo golpe al comercio con Colombia. El Gobierno de Daniel Noboa anunció que, desde el 1 de marzo, elevará al 50 % el arancel a los productos colombianos, alegando “criterios de seguridad nacional” y la falta de medidas “concretas y efectivas” por parte del Gobierno de Petro para frenar la violencia y el narcotráfico en la frontera común.
La decisión profundiza una escalada que comenzó el 21 de enero, cuando Noboa impuso un arancel inicial del 30 %, vigente desde el 1 de febrero. En ese momento, el Gobierno ecuatoriano argumentó que Colombia no estaba haciendo lo suficiente para contener el deterioro de la seguridad en la zona limítrofe. Aunque la cancillería ecuatoriana aseguró que el diálogo diplomático se mantenía abierto, las medidas comerciales avanzaron.
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La respuesta de Colombia no tardó. El presidente Gustavo Petro había advertido que habría reciprocidad si se concretaban las restricciones, y finalmente su Gobierno impuso un arancel del 30 % a 23 partidas ecuatorianas, código numérico asignado a las mercancías. Además, ya se había suspendido el suministro de energía eléctrica hacia Ecuador en medio de la crisis energética que atraviesa ese país, y se ajustaron condiciones para el transporte de crudo colombiano por el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).
El intercambio bilateral ronda los 3.000 millones de dólares anuales. Para Colombia, Ecuador es su sexto destino de exportaciones, con ventas que en 2025 alcanzaron 1.846 millones de dólares, principalmente en energía eléctrica, medicamentos, automóviles, azúcar y motores. Del lado ecuatoriano, las exportaciones no petroleras hacia Colombia sumaron 865 millones de dólares, con productos como alimentos marinos, aceite de palma, arroz y madera.
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El nuevo incremento al 50 % eleva la presión sobre los exportadores colombianos y abre la puerta a una nueva ronda de represalias. Más allá de los argumentos de seguridad, la disputa amenaza con deteriorar una relación comercial estratégica en la región andina y con afectar a cientos de empresas en ambos países, en un momento de alta sensibilidad económica y política.
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