¡A prisión! Cuatro policías enfrentarán tras las rejas el proceso por la muerte de Donovan Balanta

Cuatro policías investigados por la muerte de Donovan Balanta Paz deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra. Un juez de control de garantías de Bogotá les impuso medida de aseguramiento por los hechos ocurridos el pasado 20 de septiembre, cuando el hombre quedó bajo custodia de uniformados tras un procedimiento en el sector de Caracolí.

La decisión se conoció este lunes 26 de octubre y representa un nuevo paso en el expediente por el fallecimiento del ciudadano afrodescendiente de 34 años. La solicitud de privación preventiva de la libertad fue presentada por la Fiscalía, que investiga las presuntas agresiones y descargas eléctricas que habría recibido durante la intervención y después de su traslado a instalaciones policiales en Soacha.

¿Quiénes son los cuatro policías procesados?

La medida cobija al mayor Roque Correa, al subintendente Henar Tapiero y a los patrulleros Jonathan Giraldo y Santiago Vargas. Los cuatro enfrentan imputaciones por homicidio agravado y tortura agravada, con distintos señalamientos sobre la participación que cada uno habría tenido en lo sucedido.

Además, al mayor Correa y al patrullero Giraldo les fue atribuido el delito de falsedad ideológica en documento público. Ese componente del caso está relacionado con las presuntas diferencias entre los registros oficiales del procedimiento y los elementos que han recopilado los investigadores para reconstruir lo que pasó con Balanta.

Ninguno de los cuatro aceptó los cargos. La medida de aseguramiento no equivale a una condena: los señalamientos deberán ser debatidos dentro del proceso y los investigados conservan la presunción de inocencia.

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Las agresiones que investiga la Fiscalía

La reconstrucción del ente acusador ubica el inicio de los hechos en Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Allí, Balanta habría sido reducido y esposado durante una intervención policial. Los videos grabados en el sector y los registros obtenidos posteriormente forman parte del material con el que se busca establecer la actuación de los uniformados.

De acuerdo con la investigación, el ciudadano habría recibido golpes y descargas de un dispositivo de conducción eléctrica, incluso cuando ya permanecía bajo custodia. El expediente también examina lo ocurrido después de que fue llevado a la estación de Policía de Cazucá, en el municipio de Soacha.

Entre los aspectos revisados están sus manifestaciones de dolor en el pecho y dificultades para respirar, así como la respuesta que habrían dado los funcionarios ante las solicitudes de atención médica. La Fiscalía sostiene que la asistencia no se habría brindado oportunamente, un punto que hace parte de los señalamientos sometidos al examen judicial.

La investigación también revisa un posible componente racial

El caso es adelantado por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Dentro de las actuaciones se han expuesto señalamientos sobre expresiones discriminatorias presuntamente dirigidas a Balanta durante el procedimiento, por lo que el análisis de lo ocurrido incluye su condición étnico-racial.

Las grabaciones son relevantes para contrastar las versiones sobre el trato que recibió el ciudadano, la secuencia de las agresiones denunciadas y las decisiones que tomaron quienes lo tenían bajo su custodia. La determinación de las responsabilidades individuales sigue siendo parte del proceso penal.

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Prisión preventiva mientras continúa el proceso

Con la decisión de este lunes, los cuatro uniformados deberán afrontar las siguientes actuaciones privados preventivamente de la libertad. El expediente continuará su curso para esclarecer las circunstancias de la muerte de Balanta y establecer si las conductas atribuidas a cada investigado se acreditan ante la justicia.

El avance judicial es distinto de las capturas conocidas el 19 de octubre: ahora un juez resolvió la solicitud de medida de aseguramiento. La discusión de fondo sobre los hechos y las responsabilidades no queda cerrada con esta determinación.