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Cuatro décadas después, nueve exuniformados enfrentan cargos por tortura agravada en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985
La Fiscalía General de la Nación emitió una resolución de acusación formal contra nueve exmilitares por el delito de tortura agravada, presuntamente cometida durante la retoma del Palacio de Justicia de Bogotá, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985. Este proceso judicial, que se inicia cuarenta años después de los hechos, representa un avance significativo en la búsqueda de justicia por crímenes de lesa humanidad.
Los exmiembros del Ejército acusados son:
- Edilberto Sánchez Rubiano
- Óscar William Vásquez Rodríguez
- Ferney Ulmardín Causayá Peña
- Luis Fernando Nieto Velandia
- Antonio Rubay Jiménez Gómez
- Fernando Blanco Gómez
- Gustavo Arévalo Moreno
- Iván Ramírez Quintero
- Bernardo Alfonso Garzón
Según la Fiscalía, la decisión se basa en pruebas y testimonios que indican que las víctimas, calificadas como «sospechosas o especiales», fueron trasladadas inicialmente a la Casa del Florero y, posteriormente, a guarniciones militares, donde sufrieron malos tratos y actos de tortura física, moral y psicológica.
Entre las víctimas de estos actos se encuentran:
- Yolanda Ernestina Santodomingo Alberricci
- Eduardo Arturo Matson Ospino
- José Vicente Rubiano Galvis
- Aristóbulo Rozo
- Orlando Quijano
- Orlando Arrechea Ocoro
- Saul Antonio Arce
- Jaime Buitrago Castro
- Ana Lucia Limas Montaña
- Héctor Dario Correa Tamayo
La Fiscalía incorporó como evidencia documentos internos del Ejército, incluyendo el Plan Tricolor 83 y diversos manuales, cuya aplicación habría propiciado la violación de derechos humanos. Se señala la participación del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) y se resalta la cadena de mando encabezada por Sánchez Rubiano, bajo la dirección de Arias Cabrales. Un elemento crucial es el Informe de Policía Judicial del 26 de septiembre de 2016.
Rafael Barrios Mendivil, cofundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y representante de las víctimas, calificó la decisión como «histórica» y enfatizó la necesidad de investigar a fondo a toda la cadena de mando responsable del patrón de tortura.
En un giro a la narrativa oficial, Nilson Pinilla Pinilla, expresidente de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, sugirió una hipótesis inquietante: «Algunos militares propiciaron la toma del Palacio de Justicia para cobrar represalias contra el M-19».
Pinilla, quien formó parte de la Comisión de la Verdad, señaló que el plan del M-19 era conocido por las autoridades desde el 18 de octubre de 1985. El jurista indicó que la «pasividad» de ciertos sectores militares, manifestada en el retiro inexplicable de la vigilancia policial días antes de la toma, pudo haber permitido la ejecución del asalto como respuesta a ataques previos de la guerrilla.
Esta interpretación plantea un nuevo debate sobre la responsabilidad institucional y los intereses internos que pudieron haber influido en la consumación de la tragedia judicial más grande de Colombia.
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